Alarmado por la alarma

La actitud adoptada por los controladores aéreos el pasado 3 de diciembre mereció mi rotundo rechazo (reflejado en el artículo de opinión ‘¿Huelga o golpe?’, publicado en este mismo espacio) por entender que se había ocasionado un enorme daño a la economía española y canaria, así como a los derechos de más de medio millón de pasajeros, botados en los aeropuertos y a los que se frustró su pequeño paréntesis vacacional o su traslado por motivos familiares, de estudio e, incluso, de salud.

"Tras la inquietud social por la desmesurada acción de los controladores aéreos le sucede otra situación de largo alcance y de profundas y preocupantes raíces"

Consideré entonces que ante el ‘golpe’ de estos privilegiados profesionales se correspondía la dura respuesta del Gobierno central. Y mostré, asimismo, mi asombro y rechazo ante la tibieza irresponsable del PP o los apoyos de determinadas fuerzas sindicales, estatales y de ámbito canario, a las que parece importarles una higa los ciudadanos y sus problemas.

Aunque la declaración del estado de alarma suscitaba y suscita algunas dudas jurídicas, manifestadas por muchos expertos que consideran que había que hacer una lectura muy forzada para aplicarla como respuesta a los hechos sucedidos en el puente de la Constitución, la gravedad de lo ocurrido, el cierre del espacio aéreo, podía justificarla.

Se trataba, en todo caso, de una medida excepcional y planteada como respuesta ante hechos consumados de una enorme gravedad y llevados a cabo sin previo aviso. Por eso, cuando el Gobierno del PSOE decide prorrogar esa figura constitucional hasta el próximo 15 de enero saltan las democráticas alarmas.

Las condiciones no son las mismas que las que ‘obligaron’ a la drástica decisión del 4 de diciembre. Ahora no se interviene ante la espantada de los controladores, gamberrada o huelga salvaje de enormes proporciones, sino ante la sospecha, fundamentada o no, de que pudiera volverse a repetir un episodio como aquel.

Y se abre, además, una peligrosa puerta a prevenir de semejante manera cualquier atisbo de conflicto laboral que se plantee en un futuro, para delicia de autoritarias almas políticas que, en este país, haberlas haylas.

Hay que recordar que el artículo 116.2 de la Constitución, posibilita al Gobierno declarar el estado de alarma en muy determinadas circunstancias, entre ellas cuando se produzca “paralización de servicios públicos esenciales para la comunidad, cuando no se garantice lo dispuesto en los artículos 28.2 y 37.2 de la Constitución y concurra alguna de las demás circunstancias o situaciones contenidas en este artículo”.

Coincido plenamente con Josep Ramoneda, cuando señala que “normalizar la excepción es incompatible con la idea de democracia, que es precisamente un régimen en que la excepción solo cabe en circunstancias muy extraordinarias. Convertirla en arma preventiva es directamente una violación de la propia idea constitucional de excepción, que se legitima en lo que ha ocurrido, no en lo que hipotéticamente pudiera ocurrir”.

Probablemente, el debilitado Gobierno de Rodríguez Zapatero ha querido aprovechar los posibles réditos de la imagen de firmeza, que tantos aplausos suscitó en el reciente conflicto del constitucional y ,sin embargo, excepcional puente.

Pero su vuelta de tuerca es muy discutible hoy y constituye un peligroso precedente para mañana. Tras la inquietud social por la desmesurada acción de los controladores aéreos le sucede otra situación de largo alcance y de profundas y preocupantes raíces. Una decisión, apoyada de forma mayoritaria en el Congreso, que, paradójicamente, me deja alarmado por la alarma.

Enrique Bethencourt