Gubernamentales despropósitos

El Gobierno canario nos sorprende, un día sí y otro también, con despropósitos que no pasan inadvertidos. Especialmente en el área económica, pero no sólo, que en ocurrencias disponen de variedad y amplia pluralidad de ámbitos de actuación.

Hay para todos. Muchas, por su fragilidad, parecen más destinadas a la búsqueda de un titular mediático que a otra cosa. Y duran lo que dura una noticia, sustituida siempre por otra más novedosa. Ocurrió en septiembre del pasado año cuando, cantando aquello de “fumando espero”, anunciaron que iban a contratar a 10.000 personas gracias a lo que recaudarían con el incremento del impuesto sobre el tabaco rubio, desafiando a las matemáticas y a la lógica en igual medida.

Deberían anhelar que, pese al aumento del precio, decenas de miles de canarios se incorporaran a fumar de forma compulsiva con desastrosos efectos para su salud, pero con el loable fin de contribuir a generar empleo en esta Comunidad que ya ronda los 300.000 parados.

Poco después, ya en 2010, el presidente anunciaba que el Ejecutivo posibilitaría la creación de 80.000 empleos, desde ahora al electoral mayo de 2011, sufragando los costes de la Seguridad Social a los empresarios que contraten trabajadores. Sólo 48 horas después la cifra era reducida a la mitad, visto que resultaba demasiado fantasiosa, que hasta en eso hay límites.

Me gustaría estar completamente equivocado, preferiría que el Gobierno por una vez acertara, que incluso se quedara corto en sus previsiones, que no fueran 80.000 sino 150.000 los nuevos empleos generados, pero todo apunta a que se trata de una nueva medida-escaparate sin futuro alguno.

El propio consejero de Empleo, contradiciendo esas desmesuradas expectativas del presidente Rivero, no ha parado de repetir que a lo que aspira el Gobierno en el presente año es a que no se dispare más la cifra de desempleados.

Pero no conformes con sus singulares ocurrencias económicas, el Gobierno canario se anima a introducirse en otros ámbitos de actuación con similares propósitos. Sucede así con la propuesta de Paulino Rivero de volver a la jornada escolar partida, como mágica fórmula para mejorar el éxito escolar.

Pensar que el fracaso va a disminuir porque haya clases por las tardes es bastante simplista y alejado de la realidad. En el fracaso influyen múltiples factores en los que intervienen responsabilidades familiares, de los enseñantes y de la administración, así como de los propios estudiantes.

Y, además, sería imposible conseguir explicar como entonces la Comunidad Valenciana, con jornada partida, sea la que peor evolución presenta en la última década en cuanto a resultados escolares, con notable diferencia sobre el resto de naciones, nacionalidades y regiones.

Pero para ocurrencias terribles las que el Gobierno canario viene planteando a la hora de defender su aplicación de la Ley de la Dependencia en las Islas. Tanto los datos oficiales del Sistema para la Autonomía y Atención para la Dependencia del Imserso como el IV Dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia de diciembre de 2009, realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, una organización profesional e independiente, son concluyentes: Canarias está a la cola en dictámenes y en el porcentaje de los que están recibiendo ya la prestación, lo que provoca que incluso haya personas que han muerto esperando a que se dé respuesta a su caso. Unas 1.500 según se daba a conocer estos días.

Frente a esa realidad la respuesta ofrecida por el Gobierno de Canarias no puede satisfacer a nadie. En primer lugar, a los propios afectados, como ha puesto de manifiesto Gisela Rivero, portavoz de la Plataforma de Personas con Movilidad Reducida de Canarias, al señalar que “lo que está haciendo el Gobierno de Canarias con la Ley de Dependencia roza lo delictivo".

Por ello, resulta patético que Rivero y Rojas se atribuyan el éxito en un asunto en el que han fracaso con creces, como es la aplicación de la Ley de Dependencia. Y a ello añaden dos argumentos defensivos simplones ante la contundencia de los datos. El primero, planteado por la consejera del ramo, alude a que en Canarias ha existido una saturación de peticiones; falsa premisa, pues comunidades con un porcentaje mucho mayor de solicitudes han resuelto el asunto con más diligencia.

Al margen de lo escasamente presentable que resulta derivar la responsabilidad de la mala gestión a los usuarios por exigir estos sus derechos.

El segundo, más chiripitifláutico, es recurrir a nuestra condición singular, a nuestra especificidad, que, según nuestros gobernantes, impide que seamos evaluados externamente. Semejante chorrada se esgrimió en su momento para justificar que Canarias no participara en el informe PISA, que a nivel mundial analiza los conocimientos, las aptitudes y las competencias de los estudiantes; como si el número pi, en las Islas fuera 3,13, o la teoría de la evolución de Darwin o el teórema de Pitágoras no casaran con este archipiélago ultraperiférico. Afortunadamente se rectificó y en los últimos meses se ha estado llevando a cabo el informe PISA en nuestros centros educativos.

Pero el error de esa especificidad que nos hace inevaluables se ha repetido con la Ley de Dependencia. Lo malo para el Ejecutivo es que resulta muy poco creíble, como muestran las estadísticas y como, sobre todo, saben los hombres y mujeres que están padeciendo en su propia piel, en sus hogares y en sus familias, las ineficacias en la aplicación de la Ley de Dependencia.

Y es que, puestos a ser singulares, a la ciudadanía de esta tierra nos gustaría serlo por el buen Gobierno, por unos servicios públicos punteros, por una sanidad satisfactoria y una educación con resultados positivos. Y metidos en especificidades quisiéramos que éstas se refirieran a altas tasas de empleo, a una economía diversificada y sostenible, a un riguroso respeto por el territorio y el medio natural. Y, por supuesto, a una correcta aplicación de la Ley de Dependencia.

Enrique Bethencourt