Señalaba en un artículo anterior de LA TIRADERA las consecuencias en la representatividad del voto ciudadano de nuestro actual sistema electoral, y recordaba que en las elecciones autonómicas de 2007 miles de votos habían pasado de la urna a la papelera.
Algo más de 150.000 en el conjunto de Canarias, un 16,3%. Pero también el 36% de los sufragios emitidos en Lanzarote o el 23% de los de Gran Canaria.
A los que habría que sumar –aunque es imposible medirlo- los de aquellas personas que, ante la restrictiva ley electoral del 30% de barrera insular, que es la circunscripción en el caso de la cámara canaria, y del 6% archipielágico, optaron por dar su voto a una segunda opción, aunque no fuera la que realmente les convencía más. O, simplemente, semejante disyuntiva los animó a abstenerse.
Recordaba, asimismo, que los sistemas democráticos en las comunidades autónomas o en los países de la Unión Europea se mueven en unas cláusulas de acceso entre el 3% y el 5%. En Canarias es del 5% para los cabildos y ayuntamientos, mientras que para el Congreso de los Diputados el porcentaje baja hasta el 3%.
Desgraciadamente, el arbitrario sistema electoral canario no ha podido ser modificado esta legislatura, rechazando CC y PP en el Parlamento la propuesta de bajar los topes al 5% insular, presentada por el entonces diputado socialista Santiago Pérez hace más de dos años.
La única forma de saltar esa injusta barrera con garantías en distintos territorios, permitiendo que partidos con un amplio apoyo ciudadano accedan al Parlamento, ha sido el establecimiento de acuerdos insulares entre fuerzas políticas de variado espectro; y, a la vez, el que éstas pudieran contar con un paraguas unificador en el conjunto de Canarias que posibilitara superar ampliamente la cláusula del 6%.
Parece que esta formulación ha sido bien recibida por la ciudadanía y que se traducirá en un Parlamento de Canarias mucho más plural y unos votantes mejor representados, conforme a sus auténticos deseos. Al menos eso reflejan distintas encuestas publicadas por Canarias7 y La Provincia/La Opinión, que plantean una cámara canaria sin mayorías aplastantes y con la presencia de hasta cinco fuerzas políticas, frente a las tres de la presente legislatura.
Además, el porcentaje de votos tirados a la papelera disminuye de forma más que significativa, lo que es una excelente noticia para cualquier demócrata. Así, en el sondeo de La Provincia/La Opinión, realizado por TSA, en Lanzarote se pasaría de aquel vergonzoso 36% a un 5,4%. En Gran Canaria, del 23% al 15,8%. Y en el conjunto de Canarias la suma de porcentajes de las fuerzas que pueden obtener representación alcanza el 93,3%, es decir, se disminuiría la ‘exclusión’ de votantes del 16,3% al 6,7%.
En la de Canarias7, el voto de las distintas fuerzas que accederían al Parlamento se movería en la horquilla 88%-92%, con lo que también disminuiría el porcentaje de votos sin representación en el Parlamento, que fluctuaría entre el 12 y el 8%.
En el caso de Lanzarote, el sondeo, realizado por Perfiles, indica que los votos que se traducen en representación ascienden al 96%, quedando fuera un 4%, también muy alejado del 36% de 2007. Y en Gran Canaria la horquilla sería del 90-94, reduciéndose también significativamente los votos excluidos (entre el 10 y el 6%, frente al 23% de hace cuatro años).
Se trata, sin duda, de una noticia de gran trascendencia desde el punto de vista democrático. Pero no invalida en modo alguno la imperiosa necesidad de modificar profundamente nuestro sistema electoral, tarea que deben afrontar las fuerzas políticas y los 60 diputados electos en los comicios del próximo 22 de mayo.
Enrique Bethencourt
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