Canarias y el niño polaco

Cuentan que cuando aún existía el bloque soviético, dirigentes del POUP, la organización de los comunistas polacos, explicaban en una escuela las maravillas del régimen, las que posibilitaban, eso decían, niños bien alimentados y mejor vestidos, que residían en estupendas viviendas aportadas por el Estado y asistían a maravillosos colegios.

Al final del discurso solicitaron a uno de los pequeños que contara que quería ser de mayor. “Niño polaco”, respondió, mostrando el abismo que existía entre las proclamas oficiales y la realidad. Algo similar sentí durante el desarrollo del denominado Debate sobre el Estado de la Nacionalidad Canaria: el panorama “alentador” dibujado por el presidente y por los grupos que le apoyan, CC y PP, contrasta vivamente en mi opinión con una realidad que es todo lo contrario, dura, desmoralizadora y, en muchos casos, dramática.

Lo es en el empleo, donde de marzo de 2009 a hoy hemos pasado de 200.000 a 255.000 (datos de los servicios de empleo) o 300.000 parados (según la Encuesta de Población Activa). Una organización tan poco sospechosa de antigubernamental, como la CEOE de Tenerife, vaticina en su último informe 320.000 desempleados a final de año.

Somos, además, líderes en pérdida de afiliados a la Seguridad Social, es decir, en destrucción neta de empleo; y en unidades familiares con todos sus miembros en situación de desempleo. Mientras el Gobierno nos sorprende, una semana sí y otra también, con medidas de escaso calado o, en algunos casos, plenamente fantasiosas, como las de generar 10.000 empleos con la subida del impuesto del tabaco rubio o los 80.000 nuevos puestos de trabajo antes de mayo de 2011 con el abono de los costes de la Seguridad Social a los empresarios. Lo cierto es que, como señalan numerosos expertos, corremos el riesgo de quedarnos con 150.000 parados permanentes.

Lo es en la financiación de nuestra Comunidad. En 2009 Rivero reclamaba la deuda histórica, cifrada en miles de millones de euros, y una suficiente y justa financiación para Canarias. Sin embargo, el Gobierno se envainó esa reclamación y votó a favor de una financiación autonómica que, según Soria y Rivero, nos coloca 500 millones de euros anuales por debajo de la media española.

Y, además, dio su bendición a un Plan Canarias que es una verdadera tomadura de pelo, un cúmulo de inconcreciones, promesas y vaguedades, que mezcla convenios en marcha, como el de carreteras, subvenciones sin cuantificar, créditos y la parte que a Canarias le corresponde de planes generales que se aplican en el conjunto del Estado. Como ha quedado demostrado en unos Presupuestos Generales del Estado en los que Canarias sale mal parada, mientras que salvan sus muebles las comunides autónomas en cuyos reformados estatutos se blindan las inversiones estatales.

Más sangrante y doloroso aún es el fracaso sin paliativos en la aplicación de la Ley de la Dependencia, como saben muy bien las personas y colectivos afectados. A la cola del Estado en dictámenes y en el porcentaje de los que están percibiendo la prestación, lo que provoca que más de 1.500 personas hayan muerto esperando.

La Plataforma de Personas con Movilidad Reducida ha llegado a hablar de que la actuación del Gobierno de Canarias con la Ley de la Dependencia “roza lo delictivo”. Y, además, CC y PP tratan de encubrir su fracaso con dos argumentos peregrinos: la saturación de peticiones o que nuestras especificidades nos hacen inevaluables por agentes externos.

Retrocedemos en sanidad y seguimos estancados en Educación, con elevados índices de fracaso y abandono escolar, que no se superan con las medidas de calidad implementadas por el Gobierno. Mientras no sea considerado una auténtica prioridad, presupuestaria y política, con atención a la diversidad y superación real de los actuales déficit, el sistema educativo continuará languideciendo.

En el campo energético hemos sufrido los ‘ceros eléctricos’ en Tenerife y el reciente apagón de buena parte de la isla de Lanzarote. Nos encontramos, además, a la cola del Estado en energías renovables. Pese a lo que se dijo por el presidente en el debate de 2009 no hay un nuevo megavatio instalado desde entonces.

En definitiva, Canarias se encuentra en estado crítico y este Gobierno no parece estar a la altura de las circunstancias. Estamos peor que en 2009 y hubiese sido mejor reconocer la gravedad de la situación y el fracaso de la mayoría de las políticas aplicadas contra la crisis. Pero se prefirió la vía de asegurar que Canarias presenta una “foto alentadora”, como dijo Rivero, visión que sólo es posible a base de mucho fotoshop y no menos propaganda.

A lo largo del debate, Paulino Rivero señaló los grandes cambios que se producirán en 2020, año en que seremos bilingues, tendremos un modelo económico sostenible –con un un turismo de calidad y un sólido tejido industrial, con un gran peso de los sectores tecnológicos-, configurando una Canarias más competitiva y productiva…

Y hasta respiraremos mejor gracias a que, por fin, contaremos con energía de producción eólica y fotovoltaica. Por eso, he optado por criogenizarme en vida y no despertarme hasta tan prometedora fecha. Aunque, claro está, corro el riesgo de que las cosas se compliquen y un nuevo ‘cero eléctrico’ me deje completamente descongelado antes de tiempo.

Enrique Bethencourt

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Zapatas

Lamento profundamente la muerte de Orlando Zapata y no entro a valorar su calificación de disidente político o delincuente común, factor completamente secundario cuando se trata de una vida humana, que los estados están obligados a proteger, aunque algunos le den distinto valor al lamentable hecho según sus concretos intereses partidistas.

Willy Toledo erró gravemente en su comentario, pero no están en condiciones morales de acribillarlo los que claman contra esta muerte, por pura conveniencia política y no por razones humanitarias, mientras callan o suavizan sus críticas cuando se producen en otras naciones y circunstancias; por ejemplo, y sin ir más lejos, en la Guinea de Obiang, donde conviven la tortura, las detenciones arbitrarias y las muertes bajo custodia con una de las tasas de mortalidad infantil más altas del planeta, todo ello en un país con una producción de 200.000 barriles de petróleo al día.

Firme enamorado de la isla caribeña y de su gente, no puedo compartir las decisiones de un régimen político, sea del signo que sea, que impida el disenso e imposibilite la pluralidad política y la libertad de expresión de sus ciudadanos y ciudadanas, por mucho que Estados Unidos con su cerril posición, con su injusto bloqueo económico y su hostilidad permanente, haya contribuido mucho al enroque del Gobierno cubano estas cinco décadas de castrismo. Y al sufrimiento de su pueblo, por supuesto.

Me alegra sinceramente la reacción mundial ante el fatal desenlace de la huelga de hambre protagonizada por Orlando Zapata y la unánime defensa de los derechos humanos, tan pisoteados, ayer y hoy, en los más diversos lugares del planeta. Y me alegraría aún más si, a partir de ahora, se convirtiera en práctica generalizada, combatiendo activamente desde los estados y las organizaciones internacionales por la vida, la dignidad y la libertad de la gente al margen de intereses comerciales y políticos.

Lo digo porque los mismos que hoy se rasgan las vestiduras ante el gobierno de Raúl Castro, merecedor sin duda de numerosas críticas y rotundos reproches, miran para otro lado ante las iniquidades sufridas por zapatas de la más variada condición y lugar de nacimiento.

Porque, reconozcámoslo, en este mundo del siglo XXI hay zapatas y zapatas; zapatas de primera y de segunda división, zapatas más o menos reivindicables, merecedores de mayores o menores entusiastas apoyos, zapatas dignos o no de una movilización callejera, de un elaborado manifiesto o de una solemne resolución parlamentaria.

Hay, por ejemplo, zapatas en Colombia, campesinos pobres aniquilados por el demócrata ejército del muy demócrata Uribe, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Más de mil hombres y mujeres, según organizaciones de derechos humanos, han sido literalmente cazados a tiros a consecuencia de las presiones a que son sometidos los militares colombianos para acabar con la guerrilla y, asimismo, porque se incentiva económicamente a los soldados por pieza humana eliminada, como bien denuncia el poco sospechoso The Washington Post. Todos esos zapatas colombianos juntos, al parecer escasamente mediáticos, no han merecido los titulares que el desafortunado Zapata cubano.

Pero también hay zapatas en Irak y en Afganistán, población civil, a veces zapatitos de pantalón corto y hasta de biberón y pañal, alcanzados por un ataque terrestre o volatilizados por un bombardeo aéreo de las fuerzas occidentales, considerados en cualquier caso efectos colaterales de la tarea pacificadora y redentora que, por cierto, está condenada al más absoluto de los fracasos.

Según datos oficiales de Naciones Unidas, 346 menores fallecieron en 2009 por la guerra que sufre Afganistán, de los que 131 fueron víctimas de los ataques aéreos y 22 por los asaltos nocturnos de las fuerzas extranjeras, mientras que otros 123 lo eran de otros elementos armados, incluidos los talibanes.

Y hasta en China hay zapatas que ya quisieran la mitad de dureza contra el partido y el gobierno que les somete que la que se muestra con Cuba. Olvidan estos zapatas recalcitrantes que con las cosas de comer no se juega y así, inocentes ellos, les cuesta comprender que otros se empeñen en poner sordina en las denuncias sobre violaciones de derechos humanos cuando de China se trata, que no hay que arriesgarse a perder un mercado con mil trescientos millones de posibles consumidores.

Sin olvidar los miles de zapatas que fallecen todos los días por hambre y sed sin que medie reivindicativa huelga alguna, o víctimas de enfermedades perfectamente curables, sin que las naciones ricas ni los organismos internacionales hagan nada por evitarlo. Unos 25.000 zapatas mueren silenciosamente cada día a consecuencia del hambre y la pobreza, vulnerados sus más elementales derechos. Seis millones de zapatitos y zapatitas menores de cinco años fallecen anualmente de hambre, según asegura la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

O, en fin, los millones de seres humanos que son víctimas del trabajo infantil, del maltrato o de la explotación sexual -en este último caso, fundamentalmente mujeres-, situados por completo al margen del disfrute de los humanos derechos.

Mientras no nos duelan todos y cada uno de los zapatas, al margen de su color de piel, su identificación política, su orientación sexual o su origen nacional o étnico, mucho me temo que no estaremos hablando de sinceras convicciones en favor de la libertad y los derechos humanos sino de otra cosa radicalmente distinta.

Mucho más cercana, mucho más parecida, a la hipocresía.

Enrique Bethencourt

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Gubernamentales despropósitos

El Gobierno canario nos sorprende, un día sí y otro también, con despropósitos que no pasan inadvertidos. Especialmente en el área económica, pero no sólo, que en ocurrencias disponen de variedad y amplia pluralidad de ámbitos de actuación.

Hay para todos. Muchas, por su fragilidad, parecen más destinadas a la búsqueda de un titular mediático que a otra cosa. Y duran lo que dura una noticia, sustituida siempre por otra más novedosa. Ocurrió en septiembre del pasado año cuando, cantando aquello de “fumando espero”, anunciaron que iban a contratar a 10.000 personas gracias a lo que recaudarían con el incremento del impuesto sobre el tabaco rubio, desafiando a las matemáticas y a la lógica en igual medida.

Deberían anhelar que, pese al aumento del precio, decenas de miles de canarios se incorporaran a fumar de forma compulsiva con desastrosos efectos para su salud, pero con el loable fin de contribuir a generar empleo en esta Comunidad que ya ronda los 300.000 parados.

Poco después, ya en 2010, el presidente anunciaba que el Ejecutivo posibilitaría la creación de 80.000 empleos, desde ahora al electoral mayo de 2011, sufragando los costes de la Seguridad Social a los empresarios que contraten trabajadores. Sólo 48 horas después la cifra era reducida a la mitad, visto que resultaba demasiado fantasiosa, que hasta en eso hay límites.

Me gustaría estar completamente equivocado, preferiría que el Gobierno por una vez acertara, que incluso se quedara corto en sus previsiones, que no fueran 80.000 sino 150.000 los nuevos empleos generados, pero todo apunta a que se trata de una nueva medida-escaparate sin futuro alguno.

El propio consejero de Empleo, contradiciendo esas desmesuradas expectativas del presidente Rivero, no ha parado de repetir que a lo que aspira el Gobierno en el presente año es a que no se dispare más la cifra de desempleados.

Pero no conformes con sus singulares ocurrencias económicas, el Gobierno canario se anima a introducirse en otros ámbitos de actuación con similares propósitos. Sucede así con la propuesta de Paulino Rivero de volver a la jornada escolar partida, como mágica fórmula para mejorar el éxito escolar.

Pensar que el fracaso va a disminuir porque haya clases por las tardes es bastante simplista y alejado de la realidad. En el fracaso influyen múltiples factores en los que intervienen responsabilidades familiares, de los enseñantes y de la administración, así como de los propios estudiantes.

Y, además, sería imposible conseguir explicar como entonces la Comunidad Valenciana, con jornada partida, sea la que peor evolución presenta en la última década en cuanto a resultados escolares, con notable diferencia sobre el resto de naciones, nacionalidades y regiones.

Pero para ocurrencias terribles las que el Gobierno canario viene planteando a la hora de defender su aplicación de la Ley de la Dependencia en las Islas. Tanto los datos oficiales del Sistema para la Autonomía y Atención para la Dependencia del Imserso como el IV Dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia de diciembre de 2009, realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, una organización profesional e independiente, son concluyentes: Canarias está a la cola en dictámenes y en el porcentaje de los que están recibiendo ya la prestación, lo que provoca que incluso haya personas que han muerto esperando a que se dé respuesta a su caso. Unas 1.500 según se daba a conocer estos días.

Frente a esa realidad la respuesta ofrecida por el Gobierno de Canarias no puede satisfacer a nadie. En primer lugar, a los propios afectados, como ha puesto de manifiesto Gisela Rivero, portavoz de la Plataforma de Personas con Movilidad Reducida de Canarias, al señalar que “lo que está haciendo el Gobierno de Canarias con la Ley de Dependencia roza lo delictivo".

Por ello, resulta patético que Rivero y Rojas se atribuyan el éxito en un asunto en el que han fracaso con creces, como es la aplicación de la Ley de Dependencia. Y a ello añaden dos argumentos defensivos simplones ante la contundencia de los datos. El primero, planteado por la consejera del ramo, alude a que en Canarias ha existido una saturación de peticiones; falsa premisa, pues comunidades con un porcentaje mucho mayor de solicitudes han resuelto el asunto con más diligencia.

Al margen de lo escasamente presentable que resulta derivar la responsabilidad de la mala gestión a los usuarios por exigir estos sus derechos.

El segundo, más chiripitifláutico, es recurrir a nuestra condición singular, a nuestra especificidad, que, según nuestros gobernantes, impide que seamos evaluados externamente. Semejante chorrada se esgrimió en su momento para justificar que Canarias no participara en el informe PISA, que a nivel mundial analiza los conocimientos, las aptitudes y las competencias de los estudiantes; como si el número pi, en las Islas fuera 3,13, o la teoría de la evolución de Darwin o el teórema de Pitágoras no casaran con este archipiélago ultraperiférico. Afortunadamente se rectificó y en los últimos meses se ha estado llevando a cabo el informe PISA en nuestros centros educativos.

Pero el error de esa especificidad que nos hace inevaluables se ha repetido con la Ley de Dependencia. Lo malo para el Ejecutivo es que resulta muy poco creíble, como muestran las estadísticas y como, sobre todo, saben los hombres y mujeres que están padeciendo en su propia piel, en sus hogares y en sus familias, las ineficacias en la aplicación de la Ley de Dependencia.

Y es que, puestos a ser singulares, a la ciudadanía de esta tierra nos gustaría serlo por el buen Gobierno, por unos servicios públicos punteros, por una sanidad satisfactoria y una educación con resultados positivos. Y metidos en especificidades quisiéramos que éstas se refirieran a altas tasas de empleo, a una economía diversificada y sostenible, a un riguroso respeto por el territorio y el medio natural. Y, por supuesto, a una correcta aplicación de la Ley de Dependencia.

Enrique Bethencourt

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La Letra con 'tardes' entra

Debo el título de este artículo a la aportación de los participantes en un reciente curso sobre medios de comunicación desarrollado en Vecindario, en el marco del Plan de Formación para las Familias de Santa Lucía que la Consejería de Educación lleva a cabo con la colaboración de su Ayuntamiento y de Fanuesca, la federación de ampas del municipio.

“La letra con ‘tardes’ entra” fue uno de los titulares que los padres y madres integrantes del curso, que tuve la oportunidad de dirigir, aportaron a la noticia de que el Gobierno de Canarias pretende reducir el fracaso escolar con el regreso a la jornada partida, anunciada hace unos días por el presidente Rivero en un encuentro con periodistas.

La propuesta no es nueva. Ya la adelantó Paulino Rivero en el Debate del Estado de la Nacionalidad y, asimismo, el propio ministro Gabilondo planteó hace algunos meses la necesidad de debatir sobre el modelo de jornada y sus implicaciones educativas y sociales.

Mi impresión es que, una vez más, no se va al fondo de los problemas y se plantean falsas soluciones que, bajo la apariencia de firmeza y determinación, ocutan una preocupante falta de ideas, cuando no un intento de ocultar las responsabilidades gubernamentales sobre el fracaso y el abandono escolar, asuntos en los que Canarias ocupa, desafortunadamente, puestos de cabeza en el conjunto de las comunidades autónomas.

Pensar que el fracaso va a disminuir porque haya clases por las tardes es bastante simplista y alejado de la realidad. En el problema intervienen múltiples factores, desde el nivel educativo de la familia y el interés que esta presta al seguimiento del proceso de sus hijos en la escuela a la calidad de la docencia que reciben por parte de sus profesores, la masificación o no de sus aulas, la adecuada y temprana atención a problemas de aprendizaje y un largo etcétera en el que aparecen responsabilidades de la Administración, de los docentes, de las familias y de los propios estudiantes.

No hay estudios concluyentes sobre la radical bondad o maldad de cada uno de los distintos modelos de jornada, aunque cada parte intente arrimar el ascua a su sardina.

Los que loan a la continua como maravillosa para el rendimiento escolar, debieran empezar por reconocer que se trata de un tema fundamentalmente laboral por el que los maestros y maestras han conseguido un horario magnífico y que les posibilita, al margen del tiempo que dediquen a preparar sus clases o corregir ejercicios, conciliar mejor la vida familiar y laboral que la mayoría de los mortales.

Los que consideran que la continua es el origen de todos los males debiera reflexionar porque Valencia, con jornada partida, es la que peor evolución educativa presenta en la última década.
Creo que ocurrencias como las del presidente Rivero poco o nada ayudan a la mejora de un sistema educativo, el canario, que precisa de profundas actuaciones para modificar los actuales niveles de fracaso.

Y ello supone acercarnos al PIB europeo en Educación, cuando lo que hacemos es justo lo contrario: meter tijera en los presupuestos educativos; así como disminuir las actuales ratios, incrementar los profesionales dedicados a alumnado con dificultades de aprendizaje o incrementar la formación permanente del profesorado.

Se trata, el del modelo de jornada, de un debate muy contaminado por distintos intereses. En ese sentido, coincido plenamente con el profesor Santos Guerra, catedrático de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de Málaga, cuando señala que la cuestión se plantea “como un problema de carácter laboral más que una cuestión pedagógica”, añadiendo que “tanto las familias, como los profesores, los especialistas y la administración tienen que analizar la situación alejados de un carácter gremial, sólo teniendo como foco de discusión el interés de los alumnos y la mejora del aprendizaje”.

Algo que, mucho me temo, no ha ocurrido ni hoy ni ayer en el debate sobre la jornada escolar en Canarias.

Enrique Bethencourt

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Barragán, descatalogando

José Miguel Barragán Darwin, tras una lectura del último número de National Geographic, en la que disfrutó con un reportaje sobre los animales sagrados de los faraones, que leyó de principio a fin, dejando a medias otros dos, sobre energías inagotables y limpias y sobre la existencia de los hadza -pueblo cazador-recolector, que ni cultiva la tierra ni cría ganado, viviendo al margen de cualquier calendario-, procedió a culminar el texto de la Proposición de Ley del Catálogo Canario de Especies Protegidas.

Pensó que era un auténtico honor cargar con semejante compromiso, aunque íntimamente le seguía preocupando que el Gobierno de Paulino y Soria se hubiese quitado la responsabilidad de encima, endilgándosela a sus respectivos grupos parlamentarios. Pero si había que hacerlo se hacía. No era la primera vez ni la última, eso esperaba, que daba la cara por la organización y su Ejecutivo.

Para finalizar su tarea recogió algunas de las interesantes y sesudas apreciaciones (excesivamente prolijas, probablemente) de su colega naturalista, Manuel Fernández Cousteau, quien le aportó curiosos conocimientos en torno a la flora y fauna marina del Archipiélago, con especial énfasis, eso le pareció, en las de El Hierro y Mogán.

Por su parte, Cristina Humboldt Tavío le adjuntó, con un estilo fluido y con un lenguaje llano (con perdón) pero no exento de consideraciones científicas de gran interés, un brillante texto sobre el significativo incremento de la agresividad de las sebas en tiempos de crisis y sus consecuencias; el mismo incluía numerosa bibliografía reciente sobre el tema, con especiales referencias a las investigaciones de la doctora Luz Reverón Sventenius, la mayor autoridad mundial en tan delicado asunto; documento acompañado de un no menos deslumbrante anexo sobre hundimientos de buques y generación de praderas de seba.

Tras su lectura, inoportunamente interrumpida en tres ocasiones por llamadas a su móvil por parte de incómodos periodistas, prometió que no se bañaría jamás en ninguna playa cuando sus aguas estuvieran cubiertas de tan peligrosos elementos.

Barragán Darwin, por muchas vueltas que le daba, no acababa de entender el interés, desmesurado a su juicio, de científicos y ecologistas por el lagarto gigante de Teno, la foca monje, el calderón tropical, la tortuga boba, la hubara canaria, la pardela chica, el pinzón azul, el guincho, el gorrión chillón o el halcón tagarote.

De los ecologistas ya sabía que eran un verdadero coñazo, pero que encima se les sumaran expertos naturalistas complicaba aún más las cosas. Habría que buscar la forma de vincularlos a Santiago Pérez o a López Aguilar. Lo de hacerlo con Bin Laden le resultaba, de entrada, probablemente excesivo.

Y entendía aún menos porque se empeñaban en preservar a cosas tan raras, y hasta impronunciables, como limonium papaillatum, sonchus gandogeri, hydrosartus pilosus, taringa ascitica, bombus terrestris canariensis, calathidius brevithoras o purpuraria erna.

Sin embargo, a la lapa majorera (patella candei candei) prefirió darle un trato excepcional, no sea que se les mosquearan Mario Cabrera o alguno de los Morales con mando en plaza en Puerto Cabras o en la propia Coalición Canaria post congresual, que con las cosas de comer no se juega. Anotó en su agenda electrónica que debía telefonear urgentemente a Berriel, para saber qué opinaba al respecto.

Nuestro hombre se tranquilizó al comprobar que en el catálogo no figuraba ningún salmón, del género oncorhynchus, no fuera a ser mal entendida por sus socios cualquier decisión a adoptar sobre el mismo; complicaciones, reflexionó, las necesarias.

Aunque le sonaba que en el sur de Lanzarote había alguna industria relacionada con ese bicho. Llamaría a Pepe Torres, que de pesca sabe un rato, aunque conoce mejor las aguas del norte de la isla, o a Suso Machín, más ducho en asuntos del motor que en los pesqueros, para que lo sacaran de dudas, pero a ninguno de los dos le contaría que iba a preguntarle al otro, que no estaba el horno para bollos en la isla de los volcanes, lugar en el que nadie conoce a nadie.

Barragán Darwin era plenamente consciente de que tenía entre sus manos una misión de enorme trascendencia, la de reducir de forma significativa las especies sometidas a protección, desde las vulnerables a las que se encontraban claramente en peligro de extinción.

Eso le convertía casi en un Dios que decidiría, a golpe de ley, sobre la futura suerte de un insecto, un molusco, un ave o un mamífero; y hasta de algunos de los sebadales tan bien descritos en el informe de Humboldt Tavío. Descatalogando por el bien de esta región ultraperiférica, archipiélago atlántico, nacionalidad estatutaria y nación en ciernes. Y hacerlo, además, en pleno Año Internacional de la Biodiversidad.

Por último, respiró satisfecho al ratificar, tras una consulta a la Mesa de la Cámara, que la hemicycla bidentalis inaccessibillis, pese a lo que podía intuirse inicialmente, no tenía ninguna relación, ni siquiera lejana en el tiempo, con los parlamentarios canarios, sus hábitat, usos y costumbres. Por si acaso, la descatalogaría por completo, no le gustaba nada la singular y equívoca denominación de ese pequeño molusco, que podía llevar a peligrosas e innecesarias confusiones; y desconocía, además, y no era menos trascendente, si era o no comestible.

La descatalogación de especies protegidas marchaba viento en popa. Con la que estaba cayendo en la economía, con 293.000 personas en paro en las Islas, pocos se preocuparían por los riesgos de extinción de irrelevantes bichitos y plantitas.

Todo, por una vez, parecía salir a la perfección, y a él le correspondía una parte importante de semejante éxito. Se había ganado, sin duda, un merecido hueco en la insular historia.

Enrique Bethencourt

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¿Sobran o faltan funcionarios?

Un reciente informe de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorros, elaborado sobre la base de datos recogidos del Instituto Nacional de Estadística (INE), asegura que Canarias tiene 170,36 empleados públicos por cada mil ocupados, 140,77 por cada mil activos y 70,71 por cada mil habitantes, seis puntos por encima de la media estatal (64).

Nos encontramos muy lejos de las comunidades con más personal público, Extremadura (90 por cada mil personas), Aragón (77) y Madrid (74). O de Melilla, que alcanza los 105. Por el contrario, el menor número lo tienen Comunidad Valenciana y Cataluña, con 50.

Cuando se habla de funcionarios, y más en tiempos de estrecheces económicas como los que vivimos, siempre se plantea si no hay demasiados, si no se produce una sobredimensión de la función pública, fruto de la mala planificación, de las innecesarias duplicidades administrativas o, incluso, del puro clientelismo político.

Y, además, se suele introducir en el debate las reconocidas ventajas de la situación funcionarial: estabilidad, jornada continua (aunque de ello no participan buena parte de los médicos y enfermeras que realizan guardias y a otros colectivos con funciones diversas, que no todo el personal público trabaja hasta las 3), posibilitando una mejor conciliación de la vida laboral con la familiar; con el plus añadido de los días de asuntos propios que se suman a las normales vacaciones, como hemos podido comprobar en las recientes fechas navideñas en las distintas administraciones públicas; e, incluso, de las mayores facilidades en el acceso a créditos, por la seguridad que da a los bancos el status funcionarial.

Generalmente, cuando se piensa en el funcionariado se piensa en las personas que están en una oficina o detrás de una ventanilla en una administración, pero no hay que olvidar que en el mismo se incluye al personal sanitario y a los enseñantes, así como el de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, administración de Justicia, correos, servicios medioambientales o transporte público, aunque una buena parte de ellos sea personal laboral.

¿Habría que reducir el número de docentes, enfermeras o médicos? ¿Viviríamos mejor con menos policías y bomberos? Siempre cabe preguntarse si son muchos o pocos los funcionarios en las Islas. Comparando los datos, esos 17 funcionarios por cada cien personas con empleo, con los de otros estados europeos resultan perfectamente homologables.

El profesor Vicenç Navarro, catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy de la Johns Hopkins University, señala que el número de empleados públicos por cien habitantes, seis en el caso de España, siete en el de nuestro Archipiélago, “es uno de los más bajos de la UE-15, sólo superior a Portugal e Italia. Este número es 17 en Dinamarca, 13 en Finlandia y 14 en Suecia (países donde los servicios públicos y el estado del bienestar son más extensos y más desarrollados, siendo a la vez –como reconoce incluso Davos, el Vaticano del pensamiento liberal- los países con mayor competitividad y eficiencia económica. En Holanda es del 16%, al igual que en Bélgica, mientras que en Francia asciende al 17%, en Finlandia al 19 en Suecia al 21 y en Dinamarca al 26%”.

En la línea opuesta, hace unos meses el todavía paradójicamente presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, criticaba el excesivo gasto de las administraciones, asegurando que “sobran funcionarios en España”. Aunque viendo su impecable gestión al frente de Air Comet, lo que parecen sobrar son pésimos empresarios.

En definitiva, considero que es impensable una sociedad moderna, un estado del bienestar que responda a las exigencias ciudadanas, sin un fuerte y dinámico sector público, desburocratizado, informatizado y que evite duplicidades innecesarias.

Lo que nos lleva, también, a ser exigentes y defender la mejora de la administración pública, que pagamos con nuestros impuestos y nos presta servicios fundamentales; así como a la evaluación permanente de ésta, desde criterios de eficiencia y evitando privilegios que nos conduzcan a una sociedad dual entre trabajadores públicos y privados.

Enrique Bethencourt

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El éxito de la DGT

Entre las políticas que parecen caminar por la buena senda se encuentran, sin duda, las aplicadas en los últimos años por la Dirección General de Tráfico. Rompiendo una inercia irresponsable, la de acostumbrarnos resignadamente a cifras disparatadas de accidentados en las carreteras, como si de algo natural se tratara, hemos pasado a una disminución más que significativa de fallecidos y heridos en nuestras carreteras.

El Gobierno de Zapatero ha acertado plenamente en este asunto, y hay que reconocérselo.

A ello ha contribuido una inteligente combinación de campañas informativas con medidas punitivas. Entre estas últimas, las más relevantes la implantación del carné por puntos –y, por tanto, la posibilidad de que los infractores graves o reincidentes se queden sin poder conducir legalmente- y la modificación del Código Penal que incrementa las penas para los asesinos del asfalto, en mi opinión de modo insuficiente, aunque con el valor de cambiar el anterior panorama en que los atropellos mortales por exceso de velocidad o de sangre en el alcohol, más que alcohol en la sangre, se saldaban con la total impunidad de sus responsables.

Considero que es preciso seguir por esa línea, porque es absolutamente intolerable la manera en que aceptábamos las elevadas cifras de accidentes, con consecuencias terribles para sus víctimas directas y sus familiares, así como elevados costos para las arcas públicas en forma de asistencia sanitaria y pensiones. Resulta curioso comprobar la cantidad de gente que tiene pánico a volar en avión y, sin embargo, se encuentra tranquila en las mucho más peligrosas calles.

En ese sentido, es preciso continuar con las campañas divulgativas, por muy duras que parezcan algunas de ellas, con el castigo ejemplar a quienes convierten el automóvil en una de las más peligrosas armas y, por supuesto, con la mejora del estado de las carreteras y de los niveles de seguridad de los vehículos.

Y para cerrar el círculo es imprescindible que gane peso el transporte público frente al privado, reduciendo los actuales e intolerables niveles de derroche en combustibles fósiles y la consiguiente contaminación, más en un territorio limitado como el canario.

Ganando espacio en las ciudades para los peatones, haciendo unas urbes más amables y en función de las personas, no de las máquinas de cuatro ruedas. Rebajando la actual dependencia, casi patológica, hacia el automóvil.

Les aseguro por experiencia que se puede vivir perfectamente sin él. Y, además, el transporte público (que es cierto que tiene mucho que mejorar en nuestras Islas, aprendiendo de las experiencias europeas de movilidad sostenible, combinando guaguas, taxis y trenes) posibilita disfrutar del paisaje y del paisanaje, y hasta permite leer el periódico o un libro.

Enrique Bethencourt

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