¿Sobran o faltan funcionarios?

Un reciente informe de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorros, elaborado sobre la base de datos recogidos del Instituto Nacional de Estadística (INE), asegura que Canarias tiene 170,36 empleados públicos por cada mil ocupados, 140,77 por cada mil activos y 70,71 por cada mil habitantes, seis puntos por encima de la media estatal (64).

Nos encontramos muy lejos de las comunidades con más personal público, Extremadura (90 por cada mil personas), Aragón (77) y Madrid (74). O de Melilla, que alcanza los 105. Por el contrario, el menor número lo tienen Comunidad Valenciana y Cataluña, con 50.

Cuando se habla de funcionarios, y más en tiempos de estrecheces económicas como los que vivimos, siempre se plantea si no hay demasiados, si no se produce una sobredimensión de la función pública, fruto de la mala planificación, de las innecesarias duplicidades administrativas o, incluso, del puro clientelismo político.

Y, además, se suele introducir en el debate las reconocidas ventajas de la situación funcionarial: estabilidad, jornada continua (aunque de ello no participan buena parte de los médicos y enfermeras que realizan guardias y a otros colectivos con funciones diversas, que no todo el personal público trabaja hasta las 3), posibilitando una mejor conciliación de la vida laboral con la familiar; con el plus añadido de los días de asuntos propios que se suman a las normales vacaciones, como hemos podido comprobar en las recientes fechas navideñas en las distintas administraciones públicas; e, incluso, de las mayores facilidades en el acceso a créditos, por la seguridad que da a los bancos el status funcionarial.

Generalmente, cuando se piensa en el funcionariado se piensa en las personas que están en una oficina o detrás de una ventanilla en una administración, pero no hay que olvidar que en el mismo se incluye al personal sanitario y a los enseñantes, así como el de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, administración de Justicia, correos, servicios medioambientales o transporte público, aunque una buena parte de ellos sea personal laboral.

¿Habría que reducir el número de docentes, enfermeras o médicos? ¿Viviríamos mejor con menos policías y bomberos? Siempre cabe preguntarse si son muchos o pocos los funcionarios en las Islas. Comparando los datos, esos 17 funcionarios por cada cien personas con empleo, con los de otros estados europeos resultan perfectamente homologables.

El profesor Vicenç Navarro, catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de Public Policy de la Johns Hopkins University, señala que el número de empleados públicos por cien habitantes, seis en el caso de España, siete en el de nuestro Archipiélago, “es uno de los más bajos de la UE-15, sólo superior a Portugal e Italia. Este número es 17 en Dinamarca, 13 en Finlandia y 14 en Suecia (países donde los servicios públicos y el estado del bienestar son más extensos y más desarrollados, siendo a la vez –como reconoce incluso Davos, el Vaticano del pensamiento liberal- los países con mayor competitividad y eficiencia económica. En Holanda es del 16%, al igual que en Bélgica, mientras que en Francia asciende al 17%, en Finlandia al 19 en Suecia al 21 y en Dinamarca al 26%”.

En la línea opuesta, hace unos meses el todavía paradójicamente presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, criticaba el excesivo gasto de las administraciones, asegurando que “sobran funcionarios en España”. Aunque viendo su impecable gestión al frente de Air Comet, lo que parecen sobrar son pésimos empresarios.

En definitiva, considero que es impensable una sociedad moderna, un estado del bienestar que responda a las exigencias ciudadanas, sin un fuerte y dinámico sector público, desburocratizado, informatizado y que evite duplicidades innecesarias.

Lo que nos lleva, también, a ser exigentes y defender la mejora de la administración pública, que pagamos con nuestros impuestos y nos presta servicios fundamentales; así como a la evaluación permanente de ésta, desde criterios de eficiencia y evitando privilegios que nos conduzcan a una sociedad dual entre trabajadores públicos y privados.

Enrique Bethencourt