Un Gobierno sentenciado

Canarias vive un momento socioeconómico especialmente delicado. Tenemos ya 200.000 parados y pese a que Jorge Rodríguez, gurú laboral y energético del Gobierno, se entretiene observando su mágica bola de cristal y poniendo y quitando fecha al día en el que alcanzaremos el pleno empleo, otros gurús más cualificados afirman que podemos estar en los 250.000 desempleados en junio del próximo año. Además, la cesta de la compra sigue siendo de las más caras de España y los salarios privados los más bajos. Un suma y sigue que dibuja un panorama donde se desnudan nuestras carencias sociales y las debilidades estructurales de nuestro sistema económico.

Aunque en estas ínsulas algún líder sindical extraterrestre sigue hablando de presunta crisis económica, lo cierto es que las condiciones de vida han empeorado sensiblemente para una parte significativa de ciudadanos y ciudadanas en este 2008 que da sus últimos pasos. Y, probablemente, nos queda un buen trecho de túnel que recorrer antes de avistar la luz de la recuperación económica.

En momentos como este los gobiernos tienen que ponerse las pilas, ejercer liderazgo y ofrecer alternativas a la sociedad. Lo intenta el Gobierno de Rodríguez Zapatero, con aciertos –como los 8.000 millones de euros para estimular obra pública a través de las instituciones locales- y con medidas más discutibles, al menos en su concreta aplicación, como ese millonario salvavidas para los bancos, otorgado sin contrapartidas tan imprescindibles como que una parte de ese dinero circule en forma de créditos a los que puedan acceder en condiciones razonables tanto familias como pequeñas y medianas empresas. Es decir, que no todo vaya a sanearse y deshacer sus recientes disparates.

Y en Canarias, mientras tanto, su Ejecutivo se desangra entre visitas a los tribunales y constantes muestras, sentencias de por medio, de la arbitrariedad de muchas de sus actuaciones. Así como con la absoluta burla de la democracia y la participación ciudadana de los grupos que apoyan al Ejecutivo, CC y PP, escenificada hace unos días en su vergonzante rechazo a la discusión de la ley de iniciativa popular de Ben Magec.

Resulta poco presentable que el vicepresidente y responsable económico no haya dicho toda la verdad, sólo la verdad y nada más que la verdad sobre sus vinculaciones con Anfi, su conocimiento del proyecto mientras era titular del Cabildo Insular de Gran Canaria y sus intervenciones en el Parlamento canario. Y, menos aún, que un diputado y estrecho colaborador suyo actúe de agente doble, margullando entre intereses empresariales magníficamente remunerados y la defensa de los intereses generales a la que, se supone, debe obligar su cargo.

Y por otro, no es tampoco de recibo que las licencias de la TDT fueran otorgadas, como muchos sospechábamos, de forma absolutamente arbitraria. Lo de Tenerife sólo es la punta del iceberg de otro escándalo con mayúsculas en el que los nombres de los beneficiarios coinciden, no sé si casualmente, con personajes con excelente relación con el poder ático. Se les debió ir la mano con lo de digitales. Y las hicieron, digitales, a conciencia.

Con un agravante. El presidente se equivocó al constituir una macroconsejería a su alrededor, asumiendo en su departamento desde el cambio climático a la comunicación, pasando por la acción exterior o la sociedad de la información. Una manera, sin duda, de apuntarse éxitos, si se dan, en esos ámbitos. Pero también, y ese es el actual drama de Rivero, de asumir irremediablemente todos los fracasos que se vienen produciendo, desde la dimisión de Faustino García Márquez por la unánimemente rechazada ley de medidas urgentes a las televisivas sentencias. Las mismas que golpean a un Gobierno sentenciado.