Zapatas

Lamento profundamente la muerte de Orlando Zapata y no entro a valorar su calificación de disidente político o delincuente común, factor completamente secundario cuando se trata de una vida humana, que los estados están obligados a proteger, aunque algunos le den distinto valor al lamentable hecho según sus concretos intereses partidistas.

Willy Toledo erró gravemente en su comentario, pero no están en condiciones morales de acribillarlo los que claman contra esta muerte, por pura conveniencia política y no por razones humanitarias, mientras callan o suavizan sus críticas cuando se producen en otras naciones y circunstancias; por ejemplo, y sin ir más lejos, en la Guinea de Obiang, donde conviven la tortura, las detenciones arbitrarias y las muertes bajo custodia con una de las tasas de mortalidad infantil más altas del planeta, todo ello en un país con una producción de 200.000 barriles de petróleo al día.

Firme enamorado de la isla caribeña y de su gente, no puedo compartir las decisiones de un régimen político, sea del signo que sea, que impida el disenso e imposibilite la pluralidad política y la libertad de expresión de sus ciudadanos y ciudadanas, por mucho que Estados Unidos con su cerril posición, con su injusto bloqueo económico y su hostilidad permanente, haya contribuido mucho al enroque del Gobierno cubano estas cinco décadas de castrismo. Y al sufrimiento de su pueblo, por supuesto.

Me alegra sinceramente la reacción mundial ante el fatal desenlace de la huelga de hambre protagonizada por Orlando Zapata y la unánime defensa de los derechos humanos, tan pisoteados, ayer y hoy, en los más diversos lugares del planeta. Y me alegraría aún más si, a partir de ahora, se convirtiera en práctica generalizada, combatiendo activamente desde los estados y las organizaciones internacionales por la vida, la dignidad y la libertad de la gente al margen de intereses comerciales y políticos.

Lo digo porque los mismos que hoy se rasgan las vestiduras ante el gobierno de Raúl Castro, merecedor sin duda de numerosas críticas y rotundos reproches, miran para otro lado ante las iniquidades sufridas por zapatas de la más variada condición y lugar de nacimiento.

Porque, reconozcámoslo, en este mundo del siglo XXI hay zapatas y zapatas; zapatas de primera y de segunda división, zapatas más o menos reivindicables, merecedores de mayores o menores entusiastas apoyos, zapatas dignos o no de una movilización callejera, de un elaborado manifiesto o de una solemne resolución parlamentaria.

Hay, por ejemplo, zapatas en Colombia, campesinos pobres aniquilados por el demócrata ejército del muy demócrata Uribe, que cuenta con el apoyo de Estados Unidos. Más de mil hombres y mujeres, según organizaciones de derechos humanos, han sido literalmente cazados a tiros a consecuencia de las presiones a que son sometidos los militares colombianos para acabar con la guerrilla y, asimismo, porque se incentiva económicamente a los soldados por pieza humana eliminada, como bien denuncia el poco sospechoso The Washington Post. Todos esos zapatas colombianos juntos, al parecer escasamente mediáticos, no han merecido los titulares que el desafortunado Zapata cubano.

Pero también hay zapatas en Irak y en Afganistán, población civil, a veces zapatitos de pantalón corto y hasta de biberón y pañal, alcanzados por un ataque terrestre o volatilizados por un bombardeo aéreo de las fuerzas occidentales, considerados en cualquier caso efectos colaterales de la tarea pacificadora y redentora que, por cierto, está condenada al más absoluto de los fracasos.

Según datos oficiales de Naciones Unidas, 346 menores fallecieron en 2009 por la guerra que sufre Afganistán, de los que 131 fueron víctimas de los ataques aéreos y 22 por los asaltos nocturnos de las fuerzas extranjeras, mientras que otros 123 lo eran de otros elementos armados, incluidos los talibanes.

Y hasta en China hay zapatas que ya quisieran la mitad de dureza contra el partido y el gobierno que les somete que la que se muestra con Cuba. Olvidan estos zapatas recalcitrantes que con las cosas de comer no se juega y así, inocentes ellos, les cuesta comprender que otros se empeñen en poner sordina en las denuncias sobre violaciones de derechos humanos cuando de China se trata, que no hay que arriesgarse a perder un mercado con mil trescientos millones de posibles consumidores.

Sin olvidar los miles de zapatas que fallecen todos los días por hambre y sed sin que medie reivindicativa huelga alguna, o víctimas de enfermedades perfectamente curables, sin que las naciones ricas ni los organismos internacionales hagan nada por evitarlo. Unos 25.000 zapatas mueren silenciosamente cada día a consecuencia del hambre y la pobreza, vulnerados sus más elementales derechos. Seis millones de zapatitos y zapatitas menores de cinco años fallecen anualmente de hambre, según asegura la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

O, en fin, los millones de seres humanos que son víctimas del trabajo infantil, del maltrato o de la explotación sexual -en este último caso, fundamentalmente mujeres-, situados por completo al margen del disfrute de los humanos derechos.

Mientras no nos duelan todos y cada uno de los zapatas, al margen de su color de piel, su identificación política, su orientación sexual o su origen nacional o étnico, mucho me temo que no estaremos hablando de sinceras convicciones en favor de la libertad y los derechos humanos sino de otra cosa radicalmente distinta.

Mucho más cercana, mucho más parecida, a la hipocresía.

Enrique Bethencourt

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Gubernamentales despropósitos

El Gobierno canario nos sorprende, un día sí y otro también, con despropósitos que no pasan inadvertidos. Especialmente en el área económica, pero no sólo, que en ocurrencias disponen de variedad y amplia pluralidad de ámbitos de actuación.

Hay para todos. Muchas, por su fragilidad, parecen más destinadas a la búsqueda de un titular mediático que a otra cosa. Y duran lo que dura una noticia, sustituida siempre por otra más novedosa. Ocurrió en septiembre del pasado año cuando, cantando aquello de “fumando espero”, anunciaron que iban a contratar a 10.000 personas gracias a lo que recaudarían con el incremento del impuesto sobre el tabaco rubio, desafiando a las matemáticas y a la lógica en igual medida.

Deberían anhelar que, pese al aumento del precio, decenas de miles de canarios se incorporaran a fumar de forma compulsiva con desastrosos efectos para su salud, pero con el loable fin de contribuir a generar empleo en esta Comunidad que ya ronda los 300.000 parados.

Poco después, ya en 2010, el presidente anunciaba que el Ejecutivo posibilitaría la creación de 80.000 empleos, desde ahora al electoral mayo de 2011, sufragando los costes de la Seguridad Social a los empresarios que contraten trabajadores. Sólo 48 horas después la cifra era reducida a la mitad, visto que resultaba demasiado fantasiosa, que hasta en eso hay límites.

Me gustaría estar completamente equivocado, preferiría que el Gobierno por una vez acertara, que incluso se quedara corto en sus previsiones, que no fueran 80.000 sino 150.000 los nuevos empleos generados, pero todo apunta a que se trata de una nueva medida-escaparate sin futuro alguno.

El propio consejero de Empleo, contradiciendo esas desmesuradas expectativas del presidente Rivero, no ha parado de repetir que a lo que aspira el Gobierno en el presente año es a que no se dispare más la cifra de desempleados.

Pero no conformes con sus singulares ocurrencias económicas, el Gobierno canario se anima a introducirse en otros ámbitos de actuación con similares propósitos. Sucede así con la propuesta de Paulino Rivero de volver a la jornada escolar partida, como mágica fórmula para mejorar el éxito escolar.

Pensar que el fracaso va a disminuir porque haya clases por las tardes es bastante simplista y alejado de la realidad. En el fracaso influyen múltiples factores en los que intervienen responsabilidades familiares, de los enseñantes y de la administración, así como de los propios estudiantes.

Y, además, sería imposible conseguir explicar como entonces la Comunidad Valenciana, con jornada partida, sea la que peor evolución presenta en la última década en cuanto a resultados escolares, con notable diferencia sobre el resto de naciones, nacionalidades y regiones.

Pero para ocurrencias terribles las que el Gobierno canario viene planteando a la hora de defender su aplicación de la Ley de la Dependencia en las Islas. Tanto los datos oficiales del Sistema para la Autonomía y Atención para la Dependencia del Imserso como el IV Dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia de diciembre de 2009, realizado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales, una organización profesional e independiente, son concluyentes: Canarias está a la cola en dictámenes y en el porcentaje de los que están recibiendo ya la prestación, lo que provoca que incluso haya personas que han muerto esperando a que se dé respuesta a su caso. Unas 1.500 según se daba a conocer estos días.

Frente a esa realidad la respuesta ofrecida por el Gobierno de Canarias no puede satisfacer a nadie. En primer lugar, a los propios afectados, como ha puesto de manifiesto Gisela Rivero, portavoz de la Plataforma de Personas con Movilidad Reducida de Canarias, al señalar que “lo que está haciendo el Gobierno de Canarias con la Ley de Dependencia roza lo delictivo".

Por ello, resulta patético que Rivero y Rojas se atribuyan el éxito en un asunto en el que han fracaso con creces, como es la aplicación de la Ley de Dependencia. Y a ello añaden dos argumentos defensivos simplones ante la contundencia de los datos. El primero, planteado por la consejera del ramo, alude a que en Canarias ha existido una saturación de peticiones; falsa premisa, pues comunidades con un porcentaje mucho mayor de solicitudes han resuelto el asunto con más diligencia.

Al margen de lo escasamente presentable que resulta derivar la responsabilidad de la mala gestión a los usuarios por exigir estos sus derechos.

El segundo, más chiripitifláutico, es recurrir a nuestra condición singular, a nuestra especificidad, que, según nuestros gobernantes, impide que seamos evaluados externamente. Semejante chorrada se esgrimió en su momento para justificar que Canarias no participara en el informe PISA, que a nivel mundial analiza los conocimientos, las aptitudes y las competencias de los estudiantes; como si el número pi, en las Islas fuera 3,13, o la teoría de la evolución de Darwin o el teórema de Pitágoras no casaran con este archipiélago ultraperiférico. Afortunadamente se rectificó y en los últimos meses se ha estado llevando a cabo el informe PISA en nuestros centros educativos.

Pero el error de esa especificidad que nos hace inevaluables se ha repetido con la Ley de Dependencia. Lo malo para el Ejecutivo es que resulta muy poco creíble, como muestran las estadísticas y como, sobre todo, saben los hombres y mujeres que están padeciendo en su propia piel, en sus hogares y en sus familias, las ineficacias en la aplicación de la Ley de Dependencia.

Y es que, puestos a ser singulares, a la ciudadanía de esta tierra nos gustaría serlo por el buen Gobierno, por unos servicios públicos punteros, por una sanidad satisfactoria y una educación con resultados positivos. Y metidos en especificidades quisiéramos que éstas se refirieran a altas tasas de empleo, a una economía diversificada y sostenible, a un riguroso respeto por el territorio y el medio natural. Y, por supuesto, a una correcta aplicación de la Ley de Dependencia.

Enrique Bethencourt

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